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Red Internacional

La mujer quiso ayudar a una compañera y casi la matan. Agentes penitenciarias de la Unidad 54 de Florencio Varela le dispararon estando encerrada en su celda. Perdió parte de la pierna derecha y, encima, la trasladaron como castigo. El Servicio Penitenciario Bonaerense sigue torturando bajo la protección del ministro Alak.

Daniel Satur@saturnetroc

Martes 7 de septiembre | 22:01

El hecho ocurrió el 28 de agosto pero trascendió los muros varios días después. Sucedió en la Unidad Penal 54 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ubicada en Ruta 53 kilómetro 15,3 de Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires. Era un sábado normal en los pabellones, sin muchos sobresaltos. Hasta que todo se trastocó.

Esa tarde, según pudo reconstruir La Izquierda Diario, un pequeño grupo de detenidas estaba festejando tranquilamente un cumpleaños cuando se empezaron a escuchar gritos y ruidos provenientes de otro sector. Poco después comprobarían que una de sus compañeras, que había ido a ducharse, estaba siendo brutalmente golpeada por las agentes penitenciarias.

T (se preserva su identidad) era compañera de la mujer atacada (ambas estaban “engomadas” en una celda con chapón cerrado). No sabía los motivos de semejante golpiza, pero sí comprendió que debía intentar defenderla para que no le siguieran pegando.

“¡Somos seres humanos, no pueden pegarle así en el piso!”, les gritaba la mujer de 28 años a las represoras, que no paraban de repartir piñas y patadas a su compañera. Ella intentó abrir el chapón, pero no pudo. En ese momento se acercó una de las “escopeteras” del SPB y le ordenó “¡andate para atrás!”.

Segundos después, varias agentes se acercaron a la puerta de la celda, le colocaron el pasador para evitar que alguien pudiera abrirla y comenzaron a disparar hacia dentro por la abertura del pesado chapón que se usa como pasaplatos.

T estaba con otras dos internas. Recibieron perdigones de goma. Pero ella sufrió además la descarga, a corta distancia, de un balazo de plomo que le destrozó la pierna derecha. El impacto la tiró, literalmente, tres metros hacia atrás. Ella les gritó desesperada “¡me dieron!”, pero recién media hora después entraron a asistirla.

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Cuando las penitenciarias vieron la pierna “explotada” de T no supieron qué hacer. La tuvieron una hora en la sala sanitaria del penal y luego la trasladaron al hospital más cercano. Allí le aseguraron que la pierna no había sufrido lesiones irreversibles, pero que la recuperación sería larga.

T denuncia que, antes de ser sacada del penal, una de las jefas le rompió su teléfono para que no pudiera enviar fotos ni videos. De hecho perdió todo el material que tenía almacenado en el celular. Hoy apenas puede comunicarse con su familia a través de un aparato que anda mal y cuando quiere. Algunas fotos que circulan por redes sociales no fueron tomados por ella sino por otras internas.

Traslado

A T la trasladaron a la Unidad 22 de Olmos, como habitualmente hace el SPB cuando quiere “resolver” conflictos que los propios agentes penitenciarios generan y protagonizan. Hoy se recupera, pero sus dolores son recurrentes y muy fuertes.

“Es un dolor distinto a cualquier otro, porque me falta un pedazo de pierna; por momentos me hace llorar, no puedo pisar, no puedo caminar directamente”, dice a quien le pregunte.

Cada 48 horas la revisa un cirujano y, hasta el momento, le aseguran que su estado de salud es bueno. Pero ella a esta altura no confía en la palabra de ningún agente estatal, al menos dentro de esos muros.

Este martes finalmente la trasladaron a la Unidad 8 de Los Hornos, algo que venía pidiendo hacía tiempo y le era sistemáticamente negado. Aunque hubiera preferido que le dieran la posibilidad de cumplir prisión en su casa de Quilmes, donde la recuperación de las graves heridas podría hacerse en mejores condiciones.

Afuera la espera su hijo de un año y medio, que vive con el resto de su familia. “No tengo más nada que ellos”, dice a sus compañeras de detención. “¿Qué pasaba si el tiro me lo daban en la cabeza?”, se pregunta cada vez que recuerda la balacera que recibió junto a otras “engomadas”. Y no tiene respuestas. Su mayor temor por estas horas es que la trasladen a otro penal aún más lejos de Quilmes.

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Gatopardo

La Unidad Penitenciaria 54 integra el Complejo Penitenciario de Florencio Varela del SPB. Allí también está la unidad 23, donde el año pasado, en la época más cruda de la pandemia, el Gobierno de Axel Kicillof respondió con represión al reclamo de decenas de presos y presas que pedían un trato más humano ante sus complejas situaciones de salud.

El saldo de aquella represión de abril de 2020 fue de varios presos heridos y Federico Rey, de 23 años, muerto por balas de plomo. Apenas ocurrido ese crimen, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conducido por Julio Alak se dijo que Rey había muerto por “facazos” recibidos en medio de “una pelea entre internos”.

Luego se sabría que en verdad el joven murió por las balas de plomo del mismo SPB y que las autoridades del penal habían escondido las vainas de los proyectiles disparados. Finalmente Alak buscó descomprimir la situación reemplazando a la cúpula del Complejo Penitenciario. Más tarde terminó removiendo a casi toda la plana mayor del mismo SPB, que había reprimido a mansalva en otros penales de la provincia. Aunque no descomprimió demasiado.

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Como lo demuestra el caso de T, por más que Alak y sus funcionarios se llenen la boca hablando de “derechos humanos” y que remuevan una y mil veces a los jerarcas penitenciarios, en las cárceles que gestiona el Gobierno del Frente de Todos se sigue reprimiendo, torturando y matando. Y lo único que falta es que de eso también le echen la culpa a la pandemia.




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